Políticas públicas basadas en evidencia: ¿mito o realidad?

Ximena Clark

Hoy se celebra por tercera vez el Día Mundial de la Estadística, celebración cada cinco años en la que un número importante de oficinas de estadísticas organiza eventos para transmitir la importancia de las cifras oficiales en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. Chile no es la excepción.

En efecto, en nuestro país —cuyo Sistema Estadístico Nacional es bastante descentralizado, teniendo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como institución protagónica, pero también al Banco Central y una serie de Ministerios con atribuciones estadísticas—, uno esperaría ver muchas políticas públicas bien fundamentadas con datos estadísticos, y un alto nivel de coordinación del Sistema Estadístico. Esto incluye la entrega de lineamientos asociados a la calidad, oportunidad, pertinencia y difusión de las estadísticas de todo el sistema, siendo el INE el candidato natural para ejercer ese rol rector y coordinador. Poco de esto ocurre en la práctica.

Entre las razones, se tiene una legislación estadística desactualizada e insuficiente para las demandas actuales de estadísticas granulares, que además se acrecientan con la pandemia, y autoridades que no les dan la importancia que se merece. Hemos escuchado al ministro Briones en reiteradas ocasiones quejarse de la mala calidad y poca oportunidad de los datos que existen para tomar decisiones, pero ello no se ha traducido en acciones de mejora. El proyecto de ley estadística, que cumple con lo que se requiere para potenciar el uso de estadísticas en la toma de decisiones y cuya tramitación estaba ad portas de ser finalizada en marzo de 2018, duerme en el Congreso desde el cambio de gobierno. Peor aún, es una promesa incumplida que Chile hizo a la OCDE con ocasión de su ingreso al organismo en 2010, y que lleva toda una década sin cumplirse.

Un ejemplo claro de la falta de lineamientos sobre la elaboración y difusión de estadísticas ocurrió al inicio de la pandemia con los datos entregados por el Ministerio de Salud, caracterizados por definiciones cambiantes o incompletas, al igual que la periodicidad de las entregas y formas de difusión, que no hizo sino restarle credibilidad a la política pública de gestión de la pandemia. Otro ejemplo son los informes financieros que la Dipres suele acompañar junto a los proyectos de ley enviados al Congreso, con datos insuficientes para realizar un análisis en serio de la efectividad de las medidas propuestas. A propósito de la pandemia, un tercer ejemplo son las medidas que han llegado tarde y/o con problemas de focalización, por la falta de datos útiles y oportunos para tomar las decisiones adecuadas.

¿Es todo esto culpa del INE? Obvio que no, pero sí de las autoridades que no le han dado la importancia que se merece a tener un marco regulatorio estadístico que facilite el acceso y uso de información de calidad y oportuna para la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito público.